Tradime muestra su agradecimiento al Gobierno de Aragón por el apoyo contra el Dumping Social

Tradime Aragón se ha reunido con la Consejería de Vertebración, Movilidad y Vivienda para tratar una de las principales preocupaciones en el sector, el Dumping Social en el Transporte.

En la reunión, el Gobierno de Aragón ha anunciado que ya se está tramitando un expediente disciplinario con sanciones importantes, tanto para la empresa cargadora que contrata como para los prestadores del servicio y que podría alcanzar, en cifra total unos 90.000 €.

Zaragoza, 20 de febrero de 2017

El dumping social es uno de los principales problemas que azotan al sector del transporte hoy en día. Esta práctica se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios debido a la deslocalización de las empresas de transporte a la Europa del Este.

Luchar contra esta práctica es la principal reivindicación de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime Aragón), que este lunes se ha reunido con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para trasladarle la situación actual del sector.

Soro, que ha calificado de "muy fructífera" la reunión, ha explicado que desde el Gobierno de Aragón no pueden actuar por "vía normativa" para acabar con el dumping social, ya que es una competencia estatal, pero se ha comprometido a trabajar en materia de inspección, a través de un mayor control.

Precisamente, el consejero ha explicado que el Ejecutivo autonómico se encuentra en estos momentos tramitando un expediente disciplinario a una empresa cargadora en la que se ha denunciado este tipo de práctica. Soro ha indicado que la sanción a esta compañía podría superar los 70.000 euros, ya que se habrían detectado hasta 36 operaciones de este tipo, mientras que para las empresas transportistas podrían suponer unos 4.000 euros. Una cifra total que podría alcanzar los 90.000 €. "Creemos que esta sanción puede tener un efecto ejemplificador y desde el Gobierno de Aragón actuaremos para atajar este problema", ha añadido Soro.

El consejero ha recordado que esta práctica no sólo supone unos sueldos más bajos y peores condiciones de Seguridad Social, "también son un riesgo en seguridad vial y social, por lo que compartimos la preocupación del sector y estamos a su disposición para trabajar conjuntamente en esta cuestión".

Por su parte, el presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, ha denunciado que "cada vez hay más empresas que recurren a este truco legal y que está provocando que haya trabajadores en unas condiciones ínfimas".

Asimismo, el presidente ha agradecido "la sensibilidad" del Gobierno de Aragón y del consejero Soro y que el expediente sancionador a la citada empresa "sirva de ejemplo para que se opere de la manera más adecuada y correcta". En este sentido, ha señalado que hay que pone freno al dumping social: "lamentaríamos tener que recomendar a nuestros asociados que deslocalicen sus empresas para ser competitivos, no nos vale esa excusa, queremos trabajar aquí".

Las empresas deslocalizadas que llevan a cabo esta práctica controlan actualmente una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país. Por ello, López-Montenegro ha hecho hincapié también a la repercusión económica que esto supone. Así, por cada camión extranjero que se contrata para prestar un servicio con el objetivo de ahorrar costes, son en torno a 20.000 euros que la economía española deja de ingresar al año. Mientras que un camión extranjero aporta cero euros a las arcas nacionales.